En 2024, los expedientes sancionadores por incumplir la obligación de depositar cuentas anuales aumentaron un 37%, consolidando la ofensiva del ICAC contra la opacidad contable.
Mario Cantalapiedra - Economista
En el ejercicio 2024, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo encargado de la supervisión y elaboración de las normas en contabilidad y auditoría en España, incrementó significativamente la aplicación del régimen sancionador a las empresas que incumplieron la obligación de depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles.
En este sentido, el ICAC tiene la facultad de sancionar a las sociedades cuyo órgano de administración incumple la obligación de depositar las cuentas anuales en los registros mercantiles dentro del plazo establecido, conforme al artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.
La sanción a aplicar se determina en función de la dimensión de la empresa, considerando el importe total de las partidas del activo y su cifra de ventas, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria. Las multas oscilan entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, y pueden llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen anualmente más de 6 millones de euros.
La Memoria Anual de Actividades del ICAC correspondiente a 2024 revela que el número de expedientes sancionadores resueltos en materia de depósito de cuentas anuales durante ese año fue de 434, lo que supone un incremento del 37% respecto a 2023 (316 expedientes) y del 45% respecto a 2022 (300 expedientes). Se confirma así la tendencia sostenida al alza en la imposición de sanciones.
El importe total de las multas impuestas a las empresas en 2024 ascendió a 1.086.849,12 euros, con una sanción media de 2.504,26 euros por expediente, frente a los 1.783,10 euros registrados en el ejercicio anterior.
Más allá de la sanción económica, la falta de presentación de las cuentas anuales puede acarrear una serie de consecuencias negativas a las empresas. Estas incluyen el cierre de la hoja registral, un impacto negativo en los informes comerciales afectando a la imagen de la empresa frente a proveedores, clientes y entidades financieras, restricciones en el acceso a la financiación bancaria y en la cobertura del seguro de crédito, y la revocación del NIF por parte de la Administración tributaria en caso de incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos.
