SGR: aliadas estratégicas para la financiación de las pymes
Las Sociedades de Garantía Recíproca se han consolidado como una herramienta esencial para que miles de pymes accedan a la financiación bancaria.

Las Sociedades de Garantía Recíproca se han consolidado como una herramienta esencial para que miles de pymes accedan a la financiación bancaria.
Mario Cantalapiedra - Economista
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son entidades financieras sin ánimo de lucro, sometidas a la supervisión e inspección del Banco de España. Su finalidad principal es otorgar avales a sus socios, facilitando así el acceso a la financiación bancaria (préstamos, créditos, leasing, etcétera) en condiciones más favorables de plazo e interés. No pueden conceder créditos directamente, ya que su actividad se limita a la última fase del circuito de intermediación financiera: la asunción del riesgo.
Las SGR deben estar integradas mayoritariamente por socios partícipes, es decir, pequeñas y medianas empresas (pymes) con un máximo de 250 empleados, que deben poseer al menos el 80% del capital social. Estas empresas son las beneficiarias de los avales. También existen los socios protectores, que aportan recursos para mejorar la solvencia de la SGR, pero no pueden solicitar garantías. Suelen ser administraciones públicas, cámaras de comercio, asociaciones y entidades de crédito.
Actualmente, operan 18 SGR en España, según la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR). La mayoría tienen un ámbito de actuación autonómico (existe al menos una SGR en cada comunidad autónoma), con la excepción de CREA SGR, que opera a nivel nacional y está especializada en el sector cultural y creativo.
Las SGR ofrecen múltiples ventajas a las pymes que se integran como socias, entre ellas las siguientes:
Para tener acceso al aval de una SGR, las pymes asociadas deben aportar:
A fecha 31 de diciembre de 2024, según datos de CESGAR, un total de 181.087 pymes contaban con avales activos otorgados por las SGR. El riesgo vivo, es decir, el volumen total de operaciones avaladas en vigor, ascendía aproximadamente a 8.000 millones de euros.