En España operan 60 cooperativas de crédito que representan un modelo singular dentro del sistema financiero.
Mario Cantalapiedra - Economista
De acuerdo con la Ley 10/2014, en España se consideran entidades de crédito aquellas empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables del público y conceder créditos por cuenta propia. Dentro de esta categoría se incluyen los bancos, las cajas de ahorro (hoy con una presencia meramente testimonial pese a su relevancia histórica), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las cooperativas de crédito, protagonistas de este post.
La crisis financiera de 2008 obligó a varias cooperativas de crédito de menor tamaño a integrarse en grupos más grandes para reforzar su solvencia. Sin embargo, en términos generales, estas entidades sufrieron menos que bancos y cajas de ahorro. La razón principal fue su decisión generalizada de mantenerse al margen del negocio inmobiliario durante los años de la burbuja. Tal como reconocen sus directivos, aquella fue una elección difícil en un momento en el que gran parte del sector financiero apostaba por el ladrillo. No obstante, las características propias de su actividad con un marcado componente social y de proximidad, pesaron en la balanza.
Las cooperativas de crédito poseen una doble naturaleza que les hace ser al mismo tiempo cooperativas y entidades de crédito. Por ello, están sometidas tanto a la legislación cooperativa, que regula sus aspectos sociales, como a la normativa financiera, que rige sus aspectos económicos y financieros. En la práctica, pueden realizar las mismas operaciones de activo, pasivo y servicios que el resto de entidades de crédito, pero con la obligación de atender prioritariamente las necesidades de sus socios, aunque también pueden trabajar con terceros. De hecho, la normativa establece que las operaciones activas (préstamos, créditos, etcétera) con terceros no pueden alcanzar el 50% de sus recursos totales.
En España predominan las cajas rurales o cooperativas de crédito agrícola, cuyo objeto fundamental es financiar las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras que mejoren las condiciones en el ámbito rural. Existen también cooperativas de crédito no agrarias, con un ámbito de actuación industrial o urbano, que se dividen en cajas populares, vinculadas con determinados grupos empresariales no rurales, a los que prestan servicio financiero y cajas profesionales, orientadas a colectivos profesionales con formación superior a los que ofrecen productos y servicios específicos. Según los últimos datos del Banco de España, actualmente operan en el país 60 cooperativas de crédito.
Las cooperativas de crédito representan un modelo único dentro del sistema financiero español. Su doble naturaleza les permite combinar el negocio financiero con un compromiso social que las ha hecho más resistentes en tiempos de crisis. Al priorizar las necesidades de sus socios y mantener una prudente distancia de negocios especulativos, han demostrado que el negocio bancario de proximidad y vocación comunitaria puede ser viable.
