La eficacia del Observatorio puede aumentar si cuenta con independencia técnica en sus estudios y recomendaciones.
Mario Cantalapiedra - Economista
El pasado 1 de julio se constituyó oficialmente el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, una iniciativa largamente esperada y prevista en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece. Esta norma forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y persigue, entre otros fines, combatir la morosidad comercial.
Nace como un órgano consultivo con el objetivo de supervisar el comportamiento de pago en las operaciones comerciales y promocionar buenas prácticas que contribuyan a erradicar la morosidad comercial.
Está conformado por una estructura plural con representación de diversos agentes públicos y privados implicados en la lucha contra la morosidad comercial. En concreto, lo integran:
El Observatorio tiene un mandato amplio, entre cuyas funciones destacan las siguientes:
Aunque la puesta en marcha del Observatorio es una buena noticia tras su retraso inicial, persisten dudas sobre su capacidad real para atajar un problema arraigado en España que lastra a muchas empresas, especialmente a las de menor tamaño. El aplazamiento de pagos se ha convertido en una fuente de financiación adicional para quien detenta mayor poder de negociación en la relación comercial. Para maximizar la eficacia del Observatorio, sería deseable que gozara de independencia técnica en sus estudios y recomendaciones, garantizara transparencia y objetividad en sus informes e inclusive pudiera proponer sanciones disuasorias para las empresas que más incumplen los plazos de pago.
