Ayudar a resolver los problemas financieros de las pequeñas empresas

Mario Cantalapiedra - Economista

En vigor desde enero, el procedimiento especial para microempresas ha nacido con el objetivo de ayudar a pequeñas empresas y autónomos a solucionar sus problemas financieros y continuar con su actividad. 

Regulado en el Libro III del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, fue introducido en esta norma por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

Este procedimiento cuenta con la circunstancia especial de que su gestión se realiza íntegramente a través de Internet a partir del Servicio electrónico de Microempresas, habilitado por el Ministerio de Justicia y disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año, lo que en principio debería reducir los costes asociados al concurso.

Deben aplicarlo obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que acudan al concurso y lleven a cabo una actividad empresarial o profesional, siempre que reúnan las dos características siguientes:

• Hayan empleado durante el año anterior a la solicitud una media de menos de 10 trabajadores.
• Tengan un volumen de negocio anual inferior a 700 mil euros o un pasivo inferior a 350 mil euros según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.

Pueden solicitarlo las microempresas que se encuentren en probabilidad de insolvencia (prevean que, si no acuerdan un plan de reestructuración, no podrán cumplir regularmente sus obligaciones en los próximos dos años), insolvencia inminente (prevean que dentro de los tres meses siguientes no podrán cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones) o insolvencia actual (ya no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones). La participación de la empresa deudora en este procedimiento requiere de la asistencia de un abogado y de la representación mediante procurador.

Asimismo, pueden solicitarlo los acreedores o los socios personalmente responsables de las deudas de la microempresa que se encuentre en estado de insolvencia actual.

Todavía es pronto para evaluar el impacto del nuevo sistema, especialmente teniendo en cuenta la reciente huelga de letrados de la administración de Justicia. Será importante ver su progreso en los próximos meses para determinar si cumple con el objetivo de ayudar a los pequeños empresarios con dificultades financieras a salir adelante.