En un  Comunicado conjunto , las dos asociaciones de grandes constructoras [la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, Seopan; y la Agrupación Nacional de Constructores de Obras, Ancop], han hecho pública su oposición a la modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobada por el senado, pendiente aún de la ratificación final del Congreso para su entrada en vigor.

Las patronales consideran positivo que la Ley recorte los plazos teóricos de pago de la Administración desde los 60 días a los 30, pero consideran poco probable que se alcancen estos plazos: según sus datos, la Administración General está pagando, como media, a 140 días, las Comunidades Autónomas a 155 y las Corporaciones Locales a 238, lo que ha acumulado una deuda viva de la Administración por obra pública de 22.300 millones de euros, de los cuales 16.000 millones se encuentra vencida y en mora.

Las dos patronales alertan sobre las consecuencias que tendrá este escenario de hipotético incumplimiento:  si siguen cobrando de las Administraciones a 157 días y deben pagar, a partir de la entrada en vigor de la Ley, a proveedores y subcontratistas a 60 días, dependerán del crédito bancario para financiarse, en un entorno de fuertes restricciones.